Con el propósito de que el Congreso del Estado, recupere la facultad de regular las tarifas de agua potable y además vigile las de drenaje, alcantarillado, tratamiento, saneamiento y disposición de aguas residuales, para que sean justas, el Diputado Armando Martínez Vega, de la fracción del PAN presentó este jueves en sesión ordinaria, iniciativa con proyecto de decreto.
Dicha propuesta (que fue asignada Fiscales y administrativos para su revisión y análisis), implica reformar los artículos 70 y 173 de la Ley de Hacienda para el municipio de La Paz y responde a una inquietud que he recogido de la población de la Ciudad de La Paz.
En su argumentación, el legislador del blanquiazul adujo que los usuarios en general de los servicios de agua potable, están pagando en la actualidad por el agua que se queda en las redes de distribución, porque en la tomas del servicio doméstico, solo hay aire.
Apuntó que en XV Legislatura, en una interpretación incorrecta del artículo 108 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, que establece en su primer párrafo que “Las cuotas y tarifas que no estén contempladas en las Leyes de Hacienda respectivas para cada Municipio, se determinarán y actualizarán por el prestador de los servicios con base en la aplicación de las fórmulas que defina la Junta de Gobierno del Organismo Operador o en su caso la Comisión…”, norma clara que fija los procedimientos para las cuestiones de excepción, no es la regla y que solo aplica cuando no haya norma, entendiéndose que lo correcto, el deber ser, es que las tarifas de agua se encuentren en la Ley que corresponda, para que el Congreso del Estado tenga el control sobre ellas y se eviten los abusos en la aplicación de tarifas desproporcionadas al servicio prestado.
Enfatizó que al posibilitar el cobro el 30% de impuesto adicional se asestó, por la Legislatura pasada, un duro golpe a los bolsillos de los habitantes del municipio de La Paz, sobre todo a la economía de los que menos tienen.
“Tengo interés en trabajar en favor de los municipios, somos municipalistas, pero no abusivos, actualmente el usuario doméstico paga la cantidad de $164.00 mensuales, que puede incrementarse a voluntad solo de la Junta de Gobierno del sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado, más la posibilidad del impuesto adicional del 30%, cuya excepción fue desincorporada del artículo 70 de la misma Ley, según consta en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha 31 de diciembre de 2018, y que ahora solicitamos sea reincorporada, pues
Así mismo, precisó que sobre el monto de los impuestos y derechos que establece esta Ley, excepto impuesto predial, sobre adquisición de inmuebles, sobre diversiones y espectáculos públicos, y servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, saneamiento y disposición de aguas residuales deberá cubrirse el 30% adicional, que será pagado junto con el impuesto o derecho principal. Este ingreso adicional se destinará a un programa de reciclaje de basura y obras de los programas de recolección de basura y electrificación.
