La reciente propuesta del diputado Venustiano “Tano” Pérez ha encendido un debate apasionado en Baja California Sur. Su intención de eliminar la candidatura común y establecer una alternancia obligatoria de género para la gubernatura, alcaldías y diputaciones, plantea preguntas críticas sobre la equidad y la representación política en un contexto electoral cada vez más polarizado.
La discusión no se centra únicamente en la paridad de género, un principio constitucional que busca garantizar la igualdad en la participación política. La iniciativa de Pérez, que emerge a medida que nos acercamos a las elecciones de 2027, parece más una maniobra estratégica que un verdadero esfuerzo por promover la inclusión. Al obligar a los partidos a postular mujeres , se introduce un elemento de imposición que podría desvirtuar la esencia misma de la democracia: la voluntad del electorado.
Este enfoque restrictivo plantea serias preocupaciones sobre la libertad de los partidos para elegir a sus candidatos y, por extensión, sobre el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes. En un sistema democrático, la competencia debe basarse en la meritocracia y el respaldo popular, no en criterios impuestos por reformas legislativas que pueden parecer apresuradas o, peor aún, oportunistas.
Las implicaciones de esta medida no son menores. Modificar las reglas del juego electoral en vísperas de un proceso puede llevar a una desconfianza generalizada en las instituciones. Los votantes podrían cuestionar si los candidatos que se presentan realmente representan sus intereses o si son parte de un juego político diseñado para favorecer a ciertos actores en detrimento de otros.
El Congreso tiene la oportunidad de reflexionar sobre esta propuesta, pero el tiempo apremia. La pregunta que queda en el aire es a quién beneficia realmente esta medida: ¿a la ciudadanía que busca una representación equitativa o a los intereses de un grupo que busca consolidar su poder? Solo el tiempo dirá si esta iniciativa será vista como un avance hacia la equidad o como un retroceso en la lucha por una democracia genuina en Baja California Sur.
