Hemos recibido múltiples denuncias dijo el abogado Alejandro Rojas en entrevista, precisó que (Principalmente del Municipio De Los Cabos)
“Rojas” quien funge actualmente como Presidente Del Consejo Ciudadano Anticorrupción BCS AC y actual Presidente Del Colegio De Abogados Litigantes en el Estado, además dijo que la corrupción en planeación y desarrollo urbano se manifiesta de diversas formas, afectando la calidad de vida de la población y generando desigualdades. Entre las prácticas corruptas comunes se encuentran la manipulación de planes y permisos, el enriquecimiento ilícito de funcionarios a través de la gestión de proyectos urbanos.
Sin embargo, las prácticas corruptas suponen una injerencia extrema de determinados intereses económicos privados contra el bien común.
Sin duda, los agentes económicos pueden aplicar diversas formas de presión sobre la ordenación virtuosa del territorio, las cuales no siempre presentan carácter delictivo. Pero las prácticas corruptas en el ámbito urbanístico, por su finalidad dirigida a la obtención del máximo beneficio para sus protagonistas, suelen provocar resultados muy nocivos para los Municipios afectados.
Las prácticas más habituales en la corrupción urbanística están vinculadas a la recalificación como urbanizable de suelo que no tenía esta condición, tras adquirirse antes a bajo precio por un agente económico en connivencia con el cargo político, a cambio de la compensación delictiva. Otras operaciones habituales son las modificaciones de uso del terreno o las alteraciones del nivel de edificación en espacios urbanizables. En el ámbito penal, las figuras delictivas más frecuentes en estas prácticas corruptas son la prevaricación (consistente en dictar a sabiendas una resolución administrativa contraria a derecho, para posibilitar determinadas actuaciones urbanísticas) y el cohecho (que es la denominación jurídica de lo que se conoce coloquialmente como soborno).
Ante estas conductas, las peticiones de respuesta institucional más recurrentes son el incremento de la sanción penal y el endurecimiento de las penas. Sin embargo, la acción penal siempre es tardía. Llega cuando el daño ya se ha ocasionado. Y, además, este perjuicio en el ámbito urbanístico es de reparación casi imposible cuando ya se han consolidado situaciones de hecho, con efectos muy lesivos sobre la ordenación del territorio. Cabe añadir que, como ocurre con la mayoría de delitos, a los juzgados solo accede la punta del iceberg de la corrupción real.
La corrupción no es un problema de delincuencia ordinaria, sino esencialmente de configuración de nuestros organismos públicos.
Para concluir dijo el abogado, Alejandro Rojas que están preparando diversas acciones jurídicas donde se incluye las denuncias penales contra diversos funcionarios públicos y particulares, además de la promoción de amparos.
