• La iniciativa presentada por la diputada Gabriela Montoya Terrazas y el diputado Martín Escogido Flores busca darle claridad a las responsabilidades en materia de evaluación e impacto presupuestario de las iniciativas presentadas al pleno del Congreso del Estado
La XVII Legislatura del Congreso del Estado turnó a la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justica, y de Asuntos Fiscales y Administrativos, la iniciativa que propone establecer con claridad la responsabilidad de la elaboración de la Evaluación del Impacto Presupuestario de las iniciativas que sean presentadas al Pleno del Congreso de Estado, así como, consolidar las disposiciones que en ella se encuentran contenidas; además de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios, en la Ley de Planeación y en la propia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ambas del Estado de Baja California Sur, iniciativa presentada por la diputada Gabriela Montoya Terrazas y el diputado Martín Escogido Flores.
El diputado Martín Escogido precisó en tribuna que, en la normatividad interna del Poder Legislativo del Estado no existe la Unidad de Evaluación Presupuestaria, razón por la cual, se propone la creación de la misma, la cual deberá contener las competencias idóneas para los alcances que se buscan.
En ese tenor, sentenció que la unidad será la encargada de reunir la información con los entes públicos así como de intercambiar información y solicitar opiniones de la Secretaría de Finanzas, de modo que, será necesario adicionar un segundo párrafo al artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, para que dicha herramienta de evaluación se incorpore en los dictámenes correspondientes.
Por último, los promoventes, indicaron que además de buscar mayor certeza, lo anterior, atiende también al decreto que expidió la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Baja California Sur aprobado el pasado 5 de diciembre del 2019 para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que mandata en su tercer transitorio reformar el marco normativo local y municipal a efecto de homologarlo con el ordenamiento referido.
