El gobernador Víctor Castro Cosío, acudió a la firma del protocolo para la implementación del Programa de Justicia Terapéutica en Baja California Sur, convirtiéndose así en la primera entidad del país en donde operará esta alternativa y oportunidad para fortalecer la rehabilitación y reinserción social de las personas que bajo los efectos del consumo o abuso de drogas cometieron un delito no grave.
Castro Cosío confió en que este programa ayudará a mejorar la justicia en el estado, y destacó que “todo intento para mejorar vale la pena; por eso celebro que hayan venido con esos buenos propósitos. Siempre serán bienvenidos los que traigan propuestas, no quedarnos con los brazos cruzados”, agregó.
Participaron en este protocolo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Daniel Gallo Rodríguez, José María Avilés, presidente de la mesa directiva del Congreso local, Crescencio Jiménez Núñez, titular de la Unidad de apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Álvarez Tostado, de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia, y Jeffrey Zinsmeister de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como funcionarios estatales.
El Mandatario sudcaliforniano agregó que se trata de un asunto delicado para Baja California Sur, para México y el mundo y destacó la importancia de que se esté buscando una nueva alternativa para ayudar a quienes tienen este problema.
Con la puesta en marcha del plan piloto en Baja California Sur, se buscan nuevas oportunidades a las personas que están en conflicto con la ley y tienen problemas con el consumo de sustancias adictivas.
Además, busca usar las alternativas para promover una justicia más humana y eficaz y contempla todos los caminos procesales; es decir, acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales de proceso y sustitutivos penales.
La intención es que esta suma de las disciplinas de justicia penal, salud pública y la reinserción social, llevará a reducir la incidencia delictiva y a defender los derechos humanos de todos los procesados.
